Rafael Caro Quintero, hoy prófugo de la justicia mexicana

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Manuel Carrión Tizcareño 

rafael_caro_quinteroDesde la Grecia antigua señalaba el filósofo Aristóteles en su famosa obra “La Política”: “En todo Estado existen necesariamente tres poderes que un legislador sabio debe procurar entre sí (…)”.

Por su parte el ilustre jurista Charles Montesquieu señaló en su obra “El espíritu de las leyes” “Cuando el poder legislativo y ejecutivo se hayan reunidos en un mismo individuo o cuerpo de magistrados no hay libertad; porque puede temerse que el propio monarca o senado forme leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Tampoco hay libertad, si el poder judicial no está separado del ejecutivo y legislativo. Si estuviera unido con éste, sería arbitraria la potestad sobre la vida y la libertad de los ciudadanos, porque sería legislador el juez. Si estuviera unido con el ejecutivo, tendría el juez todas las facultades de un opresor”

“Y se perdería todo, si un mismo individuo o cuerpo de magnates nobles o plebeyos ejerciesen estos tres poderes: el de hacer leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos y contiendas de los particulares”.

En síntesis, cada poder es independiente, absoluto y soberano en el ejercicio de sus atribuciones, obrando dentro de su esfera de competencias, para que pueda desarrollarse válidamente en su encomienda, constreñida su actuación en la Constitución Federal.

En la década de los 80, Rafael Caro Quintero junto con Miguel Ángel Felix Gallardo “El Padrino” y Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”, tío de Amado Carrillo Fuentes “El señor de los cielos”, fundaron el Cártel de Guadalajara. En realidad comenzaron operando en Culiacán, Sinaloa, pero debido a presiones y persecuciones decidieron mudar su residencia a Guadalajara, Jalisco siendo gobernador Enrique Alvarez del Castillo; Procurador General de la República por tres años en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Los tres originarios de Sinaloa. Rafael Caro y Ernesto Fonseca, nacidos en Badiraguato. Felix Gallardo en Culiacán, ex agente de la policía judicial federal y guardaespaldas del ex gobernador Leopoldo Sánchez Celis.
Bajo la administración de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), Caro Quintero recibe un fuerte golpe en sus negocios en el mes de noviembre de 1984, al ser decomisado su famoso rancho “El Búfalo”, con mil hectáreas de cultivo ubicado en el estado de Chihuahua, entre los municipios de Jiménez y Camargo.

En esa operación de la cual ya no pudo recuperarse, fueron destruidas aproximadamente siete mil toneladas de marihuana, uno de los decomisos más importantes de la época. Tenía trabajando en condiciones de explotación todo un ejército de campesinos y jornaleros, aproximadamente cinco mil personas.

Los agraviados indagaron la delación resultando implicados un agente infiltrado de la DEA Enrique Camarena Salazar y el piloto aviador mexicano Alfredo Zavala Avelar, quien laboraba prestando sus servicios en el gobierno federal.

El 7 de febrero de 1985 es capturado Enrique Camarena mediante policías municipales y estatales, lo mismo Alfredo Zavala, quienes un mes después aparecen sus cuerpos cerca del rancho “El Mareño”, en el estado de Michoacán con límites de Jalisco.

E.U. desata una cacería en contra de los tres personajes. Caro Quintero Sale del Aeropuerto Internacional de Guadalajara mediante credenciales de agente el 17 de marzo de 1985, al parecer 40 días después de la muerte del infiltrado Camarena y de Alfredo Zavala, rumbo a San José de Costa Rica.

Para su desventura no sale sólo sino en compañía de Sara Cristina Cosío Vidaurri, hija en aquel entonces del secretario de Educación del Estado de Jalisco, César Cosío Vidaurri y sobrina del que sería el Gobernador de la misma entidad, Guillermo Cosío Vidaurri.

La suerte de Rafael Caro Quintero estaba echada, una llamada que hace Cristina con el propósito de manifestar que no estaba secuestrada sino enamorada de éste, es más que suficiente para detectar su ubicación (2 de abril de 1985). Dos días después es detenido Caro Quintero junto con otras personas portando credenciales de la Dirección Federal de Seguridad, siendo su titular Antonio Zorrilla Pérez.

Después de las investigaciones se tuvo conocimiento que Rafael Aguilar Guajardo, jefe de zona de la policía judicial federal en la región norte del país, otorgaba protección a Caro Quintero.

En suma, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, decidió el sobreseimiento al considerar que la justicia federal era incompetente para procesar a Caro Quintero, en atención a que el infiltrado Enrique Camarena no tenía la calidad de diplomático como tampoco de consular; y en el caso del piloto, si bien era un empleado federal, en el momento de los hechos no estaba realizando una actividad oficial, sino al servicio de Camarena, circunstancias por las cuales debían conocer del caso las autoridades del Estado de Jalisco.

A mayor abundamiento, los propios ministros que habían considerado que el amparo concedido a Caro Quintero no tenía importancia para la Corte, ya que se debía tener confianza en el Tribunal Colegiado; de manera sorprendente revocaron sus propias determinaciones y echaron abajo lo resuelto por los magistrados.

La argumentación fue tomada por la Primera Sala del máximo Tribunal del país, en una votación de cuatro votos a favor por uno en contra. El proyecto fue presentado por el ministro Arturo Zaldívar.

Esto es, contrario al amparo que había otorgado la libertada a Caro Quintero, la Corte reconoció de un plumazo que Enrique Camarena era un funcionario “intergubernamental”, protegido por acuerdos internacionales, a pesar de no tener una calidad diplomática o consular.

El único voto en contra fue del ministro José Ramón Cossío Díaz, quien cuestionó que la DEA sea una agencia intergubernamental, en atención a que sólo es una instancia del Gobierno de los E. U., habida cuenta de sus excesos extraterritoriales en México.

En este orden los ministros que hicieron mayoría se corrigieron a sí mismos. En marzo del año pasado se negaron a atraer el amparo de Caro Quintero, cuando el Tribunal Colegiado había solicitado a la Primera Sala que atrajera el recurso; sin embargo, a excepción del propio ministro Cossío, la mayoría determinó que el caso no era de interés, como tampoco de trascendencia.

Como juristas nunca vamos a justificar una conducta contraria a la ley. Rafael Caro Quintero cometió una serie de delitos. Fue juzgado y sentenciado. Purgó casi tres cuartas partes de su condena (28 años en prisión). Estaban pendientes 12 años para completar la pena máxima impuesta por el Código Penal de aquella época (40 años).

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